La iniciativa corresponde a los diputados Egidio García, Raúl Acosta y Carlos Martínez, quienes presentaron un proyecto de ley 4014/10, por medio del cual sugieren incorporar la figura del Intérprete o traductor indígena, desde su inicio o en cualquier instancia del proceso; a los efectos de garantizar los derechos constitucionales de defensa en juicio, incorporando el artículo 132 bis Código Procesal Penal.
Por otra parte los autores de la propuesta legislativa sostuvieron “el presente proyecto tiene por fin logar mayor respeto a las garantías constitucionales de defensa en juicio para las personas pertenecientes a los pueblos originarios, al incorporar en el Código Procesal Penal la figura específica del traductor o intérprete indígena”.
“En el mismo sentido –agregaron- El Estado Argentino tiene muchas deudas con los Pueblos Originarios desde hace siglos pero en materia de justicia una de las más graves es la falta de comprensión de su cultura y sobre todo de su idioma”.
“Desde la instauración de la república y a pesar de constituir un país multiétnico, multicultural y plurilingüe, si algo ha caracterizado a las políticas educativas de Argentina, es la homogeneización que se ha querido imponer desde el poder central. Todo ello conducirá a la implementación, por parte del gobierno central de políticas educativas, administrativas y lingüísticas orientadas a eliminar premeditadamente cualquier aspecto cultural relacionado con los Pueblos Aborígenes”.
“Finalmente –señalaron- es necesario garantizar que prevalezcan las garantías de los pueblos indígenas asegurando la vigencia plena de sus derechos e intensificando los canales de comunicación interculturales entre las autoridades y las comunidades autóctonas”.
martes, 26 de octubre de 2010
lunes, 25 de octubre de 2010
Egidio Garcia profundiza investigacion
Legisladores in situ
Profundizan investigación en las comisarías 7ª y de Fontana
“Estamos evitando burocracias y tratando de responder lo más pronto posible a las demandas de los ciudadanos que denunciaron estos hechos que fueron trágicos en algunos casos", dijo Martinez.Para continuar investigando los hechos sucedidos en estas delegaciones policiales, legisladores de la Comisión de Derechos Humanos estuvieron en las comisarías 7ª y de la localidad de Fontana. Martínez adelantó que se remitieron notas a los Fiscales Soucasse y Canteros y al Organismo de Control Interno de la Policía. Egidio García en tanto ratificó la intención de "continuar con la investigación".
Continuando con la investigación de los hechos acaecidos durante octubre en los que se produjeron incidentes que involucran al personal policial de las Comisarías 7º y de la localidad de Fontana, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se constituyeron en estos lugares a fin de requerir documentación relacionada a estos casos que ocasionaron la muerte de dos personas y graves lesiones a otra, en el marco de la resolución tomada en el seno de la comisión a fin de recabar datos para emitir un dictamen sobre estos hechos.
Martínez adelantó que se remitieron notas a los Fiscales Soucasse y Canteros y al Organismo de Control Interno de la Policía – OCI – donde se solicita la documentación que obra en esos organismos sobre estos sucesos y paralelamente anticipó que el día jueves 28, los diputados se trasladarían hasta la ciudad de Castelli, a fin de tomar intervención en este lugar para efectuar un procedimiento similar.
Visita a la Comisaría 7º de Resistencia
Por ello, el titular de la Comisión Egidio García, junto a sus pares Carlos Martínez y Marilyn Cristófani, se hicieron presentes en la mañana del lunes en la Comisaría 7º de Resistencia, donde fueron recibidos por el Comisario que actualmente se encuentra como Interventor Marcelino González de esta seccional y el Comisario 2º Guillermo Velazco, donde solicitaron las copias autenticadas del libro de guardia que contiene los datos sobre el movimiento del personal policial que estuvo presente en los días en que se produjeron los hechos.
Martínez explicó al Comisario que la comisión se encuentra investigando estos hechos, en el marco de las facultades que tienen como legisladores y que este accionar está contemplado en la Ley Nº 2971, que habilita a los diputados a realizar estos pedidos de documentación que obra en las comisarías, completando una tercer vía de investigación para realizar un dictamen desde la Comisión paralela a la investigación administrativa y judicial, respondiendo a las denuncias que los familiares elevaron a esa comisión legislativa pidiendo que tomen intervención.
Presencia en la Comisaría de la localidad de Fontana
Posteriormente a la visita a la Comisaría 7º los legisladores se hicieron presentes en la Comisaría de Fontana, para realizar un procedimiento similar y poder obtener la documental que registra el movimiento que tuvo lugar al producirse los hechos que son dominio público.
En esta oportunidad, los diputados fueron recibidos por el Comisario Principal Leonardo Pintos, a cargo de la unidad desde el día 21 de octubre.
García: “Continuar con la investigación”
Al término de esta recorrida el titular de la Comisión Egidio García expresó que “los legisladores dentro de sus facultades, acordó que se constituya la Comisión en estos lugares donde hubo una buena recepción en las Comisarías 7º y de la localidad Fontana para continuar la investigación en estos lugares, por lo tanto esto es de índole legislativo para que la ciudadanía pueda conocer sobre el ámbito de trabajo de esta comisión”.
Martínez: “Responder lo más pronto posible a las demandas”
El diputado Carlos Martínez por su parte, manifestó que “estamos acá en el marco de lo normado por la Ley 2971 y por la decisión tomada en el ámbito de la comisión para investigar 3 hechos sucedidos en el Chaco, los de la Comisaría 7º, de Fontana y de Castelli, que tienen que ver con presuntas violaciones a las garantías constitucionales, donde procedimos a constituirnos en el lugar para tener copias certificadas de los libros de novedades de las guardias de los períodos donde ocurrieron los hechos, paso previo que es la recolección de documentación para luego hincar la investigación en base a prueba documental".
"Estuvimos -continuó- en las Comisarías donde mantuvimos diálogo con las autoridades policiales y en los dos lugares hay interventores designados por el Poder Ejecutivo y esta semana estaremos viajando a la ciudad de Castelli, para culminar con la recolección de estas pruebas documentales”.
“Estamos evitando burocracias y tratando de responder lo más pronto posible a las demandas de los ciudadanos que denunciaron estos hechos que fueron trágicos en algunos casos, y desde la Comisión estaríamos emitiendo un dictamen a principios del mes de noviembre estimativamente”, sostuvo.
Profundizan investigación en las comisarías 7ª y de Fontana
“Estamos evitando burocracias y tratando de responder lo más pronto posible a las demandas de los ciudadanos que denunciaron estos hechos que fueron trágicos en algunos casos", dijo Martinez.Para continuar investigando los hechos sucedidos en estas delegaciones policiales, legisladores de la Comisión de Derechos Humanos estuvieron en las comisarías 7ª y de la localidad de Fontana. Martínez adelantó que se remitieron notas a los Fiscales Soucasse y Canteros y al Organismo de Control Interno de la Policía. Egidio García en tanto ratificó la intención de "continuar con la investigación".
Continuando con la investigación de los hechos acaecidos durante octubre en los que se produjeron incidentes que involucran al personal policial de las Comisarías 7º y de la localidad de Fontana, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se constituyeron en estos lugares a fin de requerir documentación relacionada a estos casos que ocasionaron la muerte de dos personas y graves lesiones a otra, en el marco de la resolución tomada en el seno de la comisión a fin de recabar datos para emitir un dictamen sobre estos hechos.
Martínez adelantó que se remitieron notas a los Fiscales Soucasse y Canteros y al Organismo de Control Interno de la Policía – OCI – donde se solicita la documentación que obra en esos organismos sobre estos sucesos y paralelamente anticipó que el día jueves 28, los diputados se trasladarían hasta la ciudad de Castelli, a fin de tomar intervención en este lugar para efectuar un procedimiento similar.
Visita a la Comisaría 7º de Resistencia
Por ello, el titular de la Comisión Egidio García, junto a sus pares Carlos Martínez y Marilyn Cristófani, se hicieron presentes en la mañana del lunes en la Comisaría 7º de Resistencia, donde fueron recibidos por el Comisario que actualmente se encuentra como Interventor Marcelino González de esta seccional y el Comisario 2º Guillermo Velazco, donde solicitaron las copias autenticadas del libro de guardia que contiene los datos sobre el movimiento del personal policial que estuvo presente en los días en que se produjeron los hechos.
Martínez explicó al Comisario que la comisión se encuentra investigando estos hechos, en el marco de las facultades que tienen como legisladores y que este accionar está contemplado en la Ley Nº 2971, que habilita a los diputados a realizar estos pedidos de documentación que obra en las comisarías, completando una tercer vía de investigación para realizar un dictamen desde la Comisión paralela a la investigación administrativa y judicial, respondiendo a las denuncias que los familiares elevaron a esa comisión legislativa pidiendo que tomen intervención.
Presencia en la Comisaría de la localidad de Fontana
Posteriormente a la visita a la Comisaría 7º los legisladores se hicieron presentes en la Comisaría de Fontana, para realizar un procedimiento similar y poder obtener la documental que registra el movimiento que tuvo lugar al producirse los hechos que son dominio público.
En esta oportunidad, los diputados fueron recibidos por el Comisario Principal Leonardo Pintos, a cargo de la unidad desde el día 21 de octubre.
García: “Continuar con la investigación”
Al término de esta recorrida el titular de la Comisión Egidio García expresó que “los legisladores dentro de sus facultades, acordó que se constituya la Comisión en estos lugares donde hubo una buena recepción en las Comisarías 7º y de la localidad Fontana para continuar la investigación en estos lugares, por lo tanto esto es de índole legislativo para que la ciudadanía pueda conocer sobre el ámbito de trabajo de esta comisión”.
Martínez: “Responder lo más pronto posible a las demandas”
El diputado Carlos Martínez por su parte, manifestó que “estamos acá en el marco de lo normado por la Ley 2971 y por la decisión tomada en el ámbito de la comisión para investigar 3 hechos sucedidos en el Chaco, los de la Comisaría 7º, de Fontana y de Castelli, que tienen que ver con presuntas violaciones a las garantías constitucionales, donde procedimos a constituirnos en el lugar para tener copias certificadas de los libros de novedades de las guardias de los períodos donde ocurrieron los hechos, paso previo que es la recolección de documentación para luego hincar la investigación en base a prueba documental".
"Estuvimos -continuó- en las Comisarías donde mantuvimos diálogo con las autoridades policiales y en los dos lugares hay interventores designados por el Poder Ejecutivo y esta semana estaremos viajando a la ciudad de Castelli, para culminar con la recolección de estas pruebas documentales”.
“Estamos evitando burocracias y tratando de responder lo más pronto posible a las demandas de los ciudadanos que denunciaron estos hechos que fueron trágicos en algunos casos, y desde la Comisión estaríamos emitiendo un dictamen a principios del mes de noviembre estimativamente”, sostuvo.
martes, 19 de octubre de 2010
Mecanismo Provincial contra la tortura
Legisladores impulsan actividades para prevenir hechos de violencia en contextos de encierro
Varios diputados pertenecientes a la Comisión de Derechos Humanos informaron este martes sobre la próxima implementación del Cronograma de Actividades del Mecanismo Provincial contra la tortura y tratos crueles e inhumanos. Explicaron además, que el programa está destinado a prevenir hechos de violencia en contextos de encierro y que entre las actividades se prevé la conformación de un Comité provincial para lo cual se abrirá una inscripción desde el 20 hasta el 29 de este mes.
Este cronograma de actividades prevé la conformación de un Comité que deberá integrarse por 9 miembros, 5 de los cuales deberán ser de la sociedad civil que hayan participado en trabajos en defensa de los derechos humanos y en ese sentido se abrirá una inscripción cuyo período de vigencia será desde el día 20 hasta el 29 de octubre de este año inclusive, destinada a aquellas personas interesadas en sumarse a este programa que apunta a prevenir hechos de violencia en contextos de encierro.
MARTÍNEZ: “PASO INICIAL PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DE VIOLENCIA”
Como vocero de la rueda de prensa el diputado e integrante de la Comisión de Derechos Humanos Carlos Martínez explicó que la convocatoria “tiene como objetivo anunciar la puesta en marcha del procedimiento destinado a constituir el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que se enmarca dentro de lo establecido en la Ley 6483 y por tal motivo a partir de mañana estamos llamando a inscripción de aspirantes a integrar este Comité que está integrado por 9 miembros, 4 que forman parte del Estado y 5 serán de la sociedad civil y esta inscripción está destinada justamente a estos integrantes de la sociedad civil, con vigencia desde mañana miércoles 20 hasta el día 29 de octubre”. Resaltó que lo importante de este Comité es que da la posibilidad a sus integrantes para realizar visitas periódicas o urgentes, sin aviso previo y sin restricciones a todos los centros de detención en la provincia del Chaco, ya sena comisarías, centros de encausados, unidades penales o centros de detención de menores, sin la presencia de agentes del Estado a los detenidos y se podrá tener acceso irrestricto a los expedientes con conocimientos de la autoridad competentes y en consecuencia establecer un registro de personas que hayan padecido tratos crueles o inhumanos”.
“ES NECESARIA UNA MAYOR PARCIPACIÓN DE LA SOCIEDAD”
El Ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini celebró la decisión de implementar este tema “cuyo principal impulsor es el Gobernador que incorpora esta iniciativa entre los temas prioritarios que se remitieran a la Legislatura para ser tratadas en sesiones extraordinarias y creo que en este sentido es necesaria una mayor participación de la sociedad civil y control en los centros de detención”.
Actualmente – sostuvo – se dio un paso muy importante en separar el Servicio Penitenciario de la Policía de la provincial y hoy tenemos dos organismos, uno dedicado a la prevención y represión del delito y otro que se encarga de la custodia de las personas privadas de la libertad”.
GARCÍA: “GENERAR UN COMPROMISO REAL”
El titular de la Comisión de Derechos Humanos Egidio García sintetizó que “la Comisión trabajo arduamente en este tema, encabezada por el diputado Martínez donde se busco generar un compromiso real para tener la participación de la sociedad civil”.
El legislador añadió en cuanto a la labor de la Comisión “trabajamos yendo a los lugares donde nos convocan y hoy nos toca formar parte de la creación de este Comité integrada por organismos del Estado e instituciones de la provincia y que obedece a que existe un avance de la inseguridad y hay una ola de violencia en instituciones de detenciones que debe ser prevenida”.
MALDONADO: “GARANTIZAR LOS DERECHOS HACEN A UNA SOCIEDAD ORGANIZADA”
El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos Hugo Maldonado expresó “la sociedad en estas circunstancias particulares requiere de símbolos y acciones como las que llevamos adelante esta mañana, donde manifestamos simbólicamente la preocupación expresada por los sectores frente a hechos que son de público conocimiento, como los sucedidos la semana pasada en Resistencia y damos de esta manera una respuesta a este tipo de sucesos que requieren investigación y explicaciones”.
REQUERIMIENTOS E INCOMPATIBILIDADES
El texto de la Convocatoria a la Inscripción para Postulantes al Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos y Degradantes explica cuales son los requerimientos e incompatibilidades para poder formar parte del mismo. Al respecto expresa textualmente:
REQUERIMIENTOS
Personas representativas de la sociedad civil que avalen honorabilidad e integridad ética socialmente reconocidas, trayectoria y destacada conducta en el fortalecimiento de los valores, principios y prácticas para la vida en democracia, con especial énfasis en el resguardo de los derechos de las personas privadas de la libertad y la prevención de la tortura que le permita ofrecer las garantías de imparcialidad e independencia de criterio.
INCOMPATIBILIDADES
No podrán integrar el Comité:
a) Las personas que se desempeñan de manera activa o se encuentren en citación de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado nacional o provincial; su cónyuge o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad;
b) Las personas contra las que existan pruebas suficientes de participación en hechos de tortura u otros tratos y penas crueles, inhumanos y/o degradantes, o hechos que por su entidad constituyan graves violaciones de los derechos humanos que puedan implicar delitos de lesa humanidad;
c) Las personas que hayan usurpado cargos electivos en el período de interrupción del orden institucional comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 o contra las que existan pruebas suficientes de participación en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.
Comision de Pueblos Indigenas
Cuatro meses de espera
Pueblos Indígenas: La comisión legislativa todavía no funciona
La idea surgida desde el gobierno para que los pueblos originarios tengan una comisión permanente de asesoramiento legislativo, se demoró un largo tiempo, pero una vez sancionada se esperaba que comience a analizar la problemática, la cual es amplia.
A cuatro meses de haberse resuelto el proyecto impulsado por el diputado Egidio García, la comisión denominada de Pueblos Indígenas, todavía no está en funcionamiento porque los bloques políticos no definieron su conformación y tampoco está resuelto el ámbito administrativo.
Ante este panorama, diputados de distintos bloques políticos presentaron una comunicación oficial en la que solicitan la urgente conformación de la misma, para que pueda actuar y debatir situaciones que necesitan urgente tratamiento.
La demora quedó al descubierto ante los inconvenientes surgidos en Castelli hace pocas semanas, en la cual un grupo numeroso de aborígenes denunciaron agresiones por parte de la policía de esa localidad y que provocó la intervención de la comisión de Derechos Humanos, cuando en realidad tendría que haber tomado conocimiento del caso la nueva comisión dado que al modificarse el reglamento interno de la Cámara de Diputados se determinó que “corresponde a la comisión de Pueblos Indígenas, dictaminar sobre todo proyecto o asunto relativo a las comunidades aborígenes”.
De la satisfacción al reclamo
El día que se aprobó la creación de la comisión, García expresó su satisfacción y expuso que los legisladores tuvieron coraje para dar un espacio a las comunidades, marcando al Chaco como una provincia que distingue la pluralidad y la diversidad cultural. “En la búsqueda de igualdad, se ha tomado una importante decisión en la Legislatura que tomó el compromiso para los pueblos indígenas, los que queremos un Estado basado en el respeto y la igualdad con los principios de igualdad, complementariedad, solidaridad y equidad en una sociedad que vivir bien en el marco de la pluralidad”.
Luego de cuatro meses de estas expresiones, ahora García junto a otros diputados tiene que reclamar que la comisión comience a trabajar, algo que no consiguieron más allá de los diálogos internos que se tuvieron sobre el tema.-
Pueblos Indígenas: La comisión legislativa todavía no funciona
La idea surgida desde el gobierno para que los pueblos originarios tengan una comisión permanente de asesoramiento legislativo, se demoró un largo tiempo, pero una vez sancionada se esperaba que comience a analizar la problemática, la cual es amplia.
A cuatro meses de haberse resuelto el proyecto impulsado por el diputado Egidio García, la comisión denominada de Pueblos Indígenas, todavía no está en funcionamiento porque los bloques políticos no definieron su conformación y tampoco está resuelto el ámbito administrativo.
Ante este panorama, diputados de distintos bloques políticos presentaron una comunicación oficial en la que solicitan la urgente conformación de la misma, para que pueda actuar y debatir situaciones que necesitan urgente tratamiento.
La demora quedó al descubierto ante los inconvenientes surgidos en Castelli hace pocas semanas, en la cual un grupo numeroso de aborígenes denunciaron agresiones por parte de la policía de esa localidad y que provocó la intervención de la comisión de Derechos Humanos, cuando en realidad tendría que haber tomado conocimiento del caso la nueva comisión dado que al modificarse el reglamento interno de la Cámara de Diputados se determinó que “corresponde a la comisión de Pueblos Indígenas, dictaminar sobre todo proyecto o asunto relativo a las comunidades aborígenes”.
De la satisfacción al reclamo
El día que se aprobó la creación de la comisión, García expresó su satisfacción y expuso que los legisladores tuvieron coraje para dar un espacio a las comunidades, marcando al Chaco como una provincia que distingue la pluralidad y la diversidad cultural. “En la búsqueda de igualdad, se ha tomado una importante decisión en la Legislatura que tomó el compromiso para los pueblos indígenas, los que queremos un Estado basado en el respeto y la igualdad con los principios de igualdad, complementariedad, solidaridad y equidad en una sociedad que vivir bien en el marco de la pluralidad”.
Luego de cuatro meses de estas expresiones, ahora García junto a otros diputados tiene que reclamar que la comisión comience a trabajar, algo que no consiguieron más allá de los diálogos internos que se tuvieron sobre el tema.-
Consulta a los Pueblos Originarios
A través de un proyecto de ley
Indígenas piden ser consultados en temas que afecten sus derechos
La iniciativa plantea que los pueblos originarios sean consultados en forma previa sobre medidas que afecten sus derechos, territorios ancestrales y el ecosistema, de acuerdo al convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas
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Los diputados Egidio García, Raúl Acosta y Carlos Martínez, son cofirmantes del proyecto de ley Nº 3889/10 ingresado a la Legislatura por el cual pretenden que en el marco de lo establecido en el artículo 37, inciso b) Constitución, se realice una Consulta Popular para promover la participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos naturales y de los demás intereses que los afecten, lesionen, restrinjan o amenacen en el desarrollo sustentable de los Pueblos Originarios de la Provincia del Chaco.
En esa línea norma determinará que los Pueblos Originarios deberán ser consultados en forma previa sobre medidas, acciones, planes, programas, proyectos, legislativos o administrativos que afecten directamente sus derechos, sus territorios ancestrales y el ecosistema que comprende su universo cultural de forma obligatoria de conformidad al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas.
La finalidad de la consulta será alcanzar el consentimiento previo, libre e informado entre el Estado chaqueño y los Pueblos originarios que habitan la provincia del Chaco a través de un dialogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado Provincial, y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos.
Fundamentos
En los argumentos los autores de la iniciativa destacaron “uno de los principales problemas de los Pueblos Indígenas es que no tienen la posibilidad o ninguna oportunidad de expresar su opinión sobre la forma, el momento y la razón de medidas decisivas o ya aplicadas que inciden o incidirán directamente en sus vidas. Consecuentemente, antes de adoptar una norma legal o disposición administrativa que pueda afectarlos directamente, los gobiernos deben iniciar una discusión abierta, franca y significativa con los Pueblos interesados”.
“Recientemente la Cámara de Diputados -recordaron- sancionó la Ley Nº 6612/10 que crea el Municipio del Espinillo, sin respetar el derecho de consulta que establece el Convenio Nº 169, que antes de llevarse a cabo la sanción de dicha ley, el Instituto del Aborigen Chaqueño IDACH-, intimó tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, a no dar trámite a esta ley en razón del incumplimiento al Convenio. En esta materia ya existen antecedentes, donde se declararon nulas iniciativas legislativas como la Ley de Bosques Nº 5285/03, la cual no respetó el derecho de consulta a los Pueblos Originarios”.
En el mismo sentido sostuvieron los legisladores “el objetivo de la presente ley es poner un paréntesis a las situaciones agraviantes que padecen los Pueblos originarios, fundamentalmente en la toma de medidas administrativas o legislativas, que los afecten directa o indirectamente y contribuir de manera constructiva a que el derecho de consulta sea regulado por la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, de acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas y fundamentalmente a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT. Ratificado por el Estado Argentino mediante Ley Nº 24.071”
“La consulta es un derecho humano constitucional específico de los pueblos indígenas, reconocido por el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas de cuyo ejercicio, depende la vigencia y el disfrute de otros derechos reconocidos a los pueblos Indígenas en el derecho nacional e internacional”
“El derecho de consulta de las Poblaciones Indígenas -añaden- en esencia un derecho fundamental de carácter colectivo, por que el Estado esta obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a fin de establecer acuerdos o medidas que sean meritorios, el derecho de consulta de las poblaciones indígenas opera como una extensión o primera línea de defensa de otros derechos fundamentales, tales como el de propiedad, a la cultura, a la salud, libertad de culto etc., según sea la gravedad y matices de cada situación.
Es dable expresar que la consulta debe realizarse con carácter previo, esto significa que los pueblos indígenas deberán ser consultados antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas.
La consulta no se agota con la mera información: 'una reunión simple no puede considerarse una consulta válida de conformidad con lo dispuesto en el convenio, sino que debe tratarse de un dialogo genuino entre ambas partes signadas por la comunicación y el entendimiento, respeto, buena fe, y con el deseo de llegar a un acuerdo común'”.
En ese sentido aclaran que “la consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento que genere confianza entre las partes. El cumplimiento por los Estados de la consulta de buena fe responde a la exigencia de cumplir con el fin ultimo de dicha obligación; en este sentido los órganos de control de la OIT han subrayado en múltiples ocasiones que la consulta no debe agostarse con mero trámite formal, sino que debe concebirse como un verdadero instrumento de participación, con el objetivo de establecer un dialogo entre las partes basados en principios de confianza y respeto mutuos, con miras a alcanzar un consenso: el establecimiento de mecanismos eficaces de consulta y participación contribuyen a prevenir y resolver conflictos mediante el dialogo, y disminuyen las tensiones sociales, es consustancial a toda consulta la instauración de un clima de confianza mutua.
“La consulta debe ser adecuada y a través de instituciones representativas indígenas. La consulta debe ser sistemática y transparente” concluyeron los diputados.-
Indígenas piden ser consultados en temas que afecten sus derechos
La iniciativa plantea que los pueblos originarios sean consultados en forma previa sobre medidas que afecten sus derechos, territorios ancestrales y el ecosistema, de acuerdo al convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas
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Los diputados Egidio García, Raúl Acosta y Carlos Martínez, son cofirmantes del proyecto de ley Nº 3889/10 ingresado a la Legislatura por el cual pretenden que en el marco de lo establecido en el artículo 37, inciso b) Constitución, se realice una Consulta Popular para promover la participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos naturales y de los demás intereses que los afecten, lesionen, restrinjan o amenacen en el desarrollo sustentable de los Pueblos Originarios de la Provincia del Chaco.
En esa línea norma determinará que los Pueblos Originarios deberán ser consultados en forma previa sobre medidas, acciones, planes, programas, proyectos, legislativos o administrativos que afecten directamente sus derechos, sus territorios ancestrales y el ecosistema que comprende su universo cultural de forma obligatoria de conformidad al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas.
La finalidad de la consulta será alcanzar el consentimiento previo, libre e informado entre el Estado chaqueño y los Pueblos originarios que habitan la provincia del Chaco a través de un dialogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado Provincial, y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos.
Fundamentos
En los argumentos los autores de la iniciativa destacaron “uno de los principales problemas de los Pueblos Indígenas es que no tienen la posibilidad o ninguna oportunidad de expresar su opinión sobre la forma, el momento y la razón de medidas decisivas o ya aplicadas que inciden o incidirán directamente en sus vidas. Consecuentemente, antes de adoptar una norma legal o disposición administrativa que pueda afectarlos directamente, los gobiernos deben iniciar una discusión abierta, franca y significativa con los Pueblos interesados”.
“Recientemente la Cámara de Diputados -recordaron- sancionó la Ley Nº 6612/10 que crea el Municipio del Espinillo, sin respetar el derecho de consulta que establece el Convenio Nº 169, que antes de llevarse a cabo la sanción de dicha ley, el Instituto del Aborigen Chaqueño IDACH-, intimó tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, a no dar trámite a esta ley en razón del incumplimiento al Convenio. En esta materia ya existen antecedentes, donde se declararon nulas iniciativas legislativas como la Ley de Bosques Nº 5285/03, la cual no respetó el derecho de consulta a los Pueblos Originarios”.
En el mismo sentido sostuvieron los legisladores “el objetivo de la presente ley es poner un paréntesis a las situaciones agraviantes que padecen los Pueblos originarios, fundamentalmente en la toma de medidas administrativas o legislativas, que los afecten directa o indirectamente y contribuir de manera constructiva a que el derecho de consulta sea regulado por la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, de acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas y fundamentalmente a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT. Ratificado por el Estado Argentino mediante Ley Nº 24.071”
“La consulta es un derecho humano constitucional específico de los pueblos indígenas, reconocido por el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas de cuyo ejercicio, depende la vigencia y el disfrute de otros derechos reconocidos a los pueblos Indígenas en el derecho nacional e internacional”
“El derecho de consulta de las Poblaciones Indígenas -añaden- en esencia un derecho fundamental de carácter colectivo, por que el Estado esta obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a fin de establecer acuerdos o medidas que sean meritorios, el derecho de consulta de las poblaciones indígenas opera como una extensión o primera línea de defensa de otros derechos fundamentales, tales como el de propiedad, a la cultura, a la salud, libertad de culto etc., según sea la gravedad y matices de cada situación.
Es dable expresar que la consulta debe realizarse con carácter previo, esto significa que los pueblos indígenas deberán ser consultados antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas.
La consulta no se agota con la mera información: 'una reunión simple no puede considerarse una consulta válida de conformidad con lo dispuesto en el convenio, sino que debe tratarse de un dialogo genuino entre ambas partes signadas por la comunicación y el entendimiento, respeto, buena fe, y con el deseo de llegar a un acuerdo común'”.
En ese sentido aclaran que “la consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento que genere confianza entre las partes. El cumplimiento por los Estados de la consulta de buena fe responde a la exigencia de cumplir con el fin ultimo de dicha obligación; en este sentido los órganos de control de la OIT han subrayado en múltiples ocasiones que la consulta no debe agostarse con mero trámite formal, sino que debe concebirse como un verdadero instrumento de participación, con el objetivo de establecer un dialogo entre las partes basados en principios de confianza y respeto mutuos, con miras a alcanzar un consenso: el establecimiento de mecanismos eficaces de consulta y participación contribuyen a prevenir y resolver conflictos mediante el dialogo, y disminuyen las tensiones sociales, es consustancial a toda consulta la instauración de un clima de confianza mutua.
“La consulta debe ser adecuada y a través de instituciones representativas indígenas. La consulta debe ser sistemática y transparente” concluyeron los diputados.-
lunes, 5 de julio de 2010
"Los aborígenes sobrevivimos, nos estamos extinguiendo"
Luego de los primeros meses al frente de su banca legislativa, Chaco On Line conversó con Egidio Garcia. En una entrevista con Virginia Burich, el diputado de etnia Toba reclamó al Gobierno verdaderas políticas para el sector aborigen.
En una tierra ancestralmente ocupada por aborígenes, más de doscientos años después, tras el aniquilamiento y sumisión de los pueblos originarios, el Chaco tiene por primera vez a diputados provinciales de la etnia Toba. Uno de ellos es Egidio García, quien fuera además dirigente del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach).
Después de pasar los primeres meses de su reciente mandato en la Legislatura chaqueña, García dialogó con Chaco On Line, e hizo un fuerte llamamiento al Gobierno de la provincia en reclamo de verdaderas políticas de Estado para el sector, y mayor participación en las mismas.
Chaco On Line:- ¿Cómo analiza que dos aborígenes puedan ocupar hoy una banca legislativa?
Tenemos dos legisladores nada más, queremos que en los otros ámbitos de gobierno, en los centros republicanas del estado, que haya indígenas, solamente la participación indígena existe en el área del Poder Ejecutivo y en área de Poder Legislativo, pero no en la justicia por ejemplo. Y sin embargo somos los tobas tenemos mayor participación de los ámbitos del Estado.
Estos tres poderes del estado carecen de participación indígena, o de política estatal indígena. Lo que pienso y lo exijo es que debes cambiar una provincia para tener un buen gobierno.
A lo mejor esta posibilidad que nos da hoy la sociedad civil, solamente hay un sector político que nos da esta posibilidad, el sector político partidista nos da la posibilidad para estar hoy en este lugar, en el parlamento chaqueño, uno de los poderes de decisión que tiene el Estado. Antes estaba a los lejos gritando y alzando mi voz y nadie me escuchaba, hoy si puedo alzar mi voz dentro del recinto de la Cámara de Diputados como indígena, y lo que digo es ley, entonces yo creo que esto también es un cambio, que todos tenemos que tener.
El gobierno debe escuchar, hasta este momento no tengo la posibilidad de sentarme con el Gobierno para plantear las políticas de cambio en las comunidades indígenas y los otros sectores que necesiten.
COL:- ¿Cuáles son las políticas que reclama?
EG:- En la provincia tiene que haber un cambio real, un cambio efectivo, sin ningún tipo de chicaneo político, parece ser que el sistema para organizar están en los momentos de campaña de políticas, partidista, y creo que todos los días tenemos que trabajar para la grandeza de nuestra provincia.
Los pueblos indígenas también, nuestra liberación, por que aún somos dependientes del Estado, tenemos que tener nuestra libertad como pueblos indígenas, nuestra libertad de organizarse, nuestra libertad de accionar, de expresarse, de darle conocimiento de lo que tenemos nosotros como pueblos indígenas.
Aparte de ser Legislador yo todos los días me hago partícipe de la realidad de mi pueblo, mi pueblo sufre, yo también sufro, me siento impotente, por que Egidio es uno solo, no hay dos o tres Egidios. Y recorro la provincia y veo que nuestra lucha queda ahí dándole tiempo. Lo que sufrimos nos da una manera de cómo pensar, por que esto apenas es un comienzo, y si nosotros queremos cambiar la situación, el rol de estado, los pueblos indígenas queremos aportar. ¿Que somos nosotros? ¿De donde venimos nosotros? ¿Como estamos y hacia donde vamos?
En profundidad ¿qué es lo que queremos nosotros los pueblos indígenas para el Estado, el rol del Estado?
¿Y qué es lo que quieren entonces los pueblos indígenas del rol estatal?
Las grandes preocupaciones son cuatro: ejes tierra y territorio, biodiversidad, personalidad jurídica y la interculturalidad.
COL:- ¿Qué es y a que se refieren con interculturalidad?
EG:- En materia de educación por ejemplo hay un ministerio de Educación, todo lo que contempla el Estado en materia de educación si bien se ha avanzado con la incorporación de los maestros bilingües, pero esto forma parte de la política de educación, pero no en la profundidad de que es la educación indígena en este caso. Por que el maestro tiene que leer lo que el ministerio de Educación le permite que trasmita al niño indígena, yo que creo que debe haber material indígena, aprobado por el ministerio, por el Estado, que sea también de conocimiento del niño indígena y también el conocimiento del niño no indígena, en la primaria, secundaria y universidades cosa que no existe todavía. Elementos o materiales, hasta los materiales didácticos faltan para hacer cumplir.
COL:- ¿En materia de salud cuál es el cambio que necesitan?
EG:- En salud contamos con agentes sanitarios indígenas, pero una cosa es salud pública y otra es salud indígena, donde hay una brecha entre salud indígena y pública, por que la salud pública son los hospitales, la creación de los hospitales, en la salud indígena está el monte, o el campo. Lo que digo yo farmacia natural. Las medicinas tradicionales están en las comunidades indígenas. La medicina científica y el conocimiento ancestral y la medicina indígena tienen que tener una unión caminar del mismo lado.
Es lo que voy a tratar de aportar para el estado en estos cuatro años que me toca estar acá.
COL:- ¿A qué hacen referencia con identidad indígena?
EG:- La identidad indígena, es lo que tenemos que tener presencia en la provincia, la identidad del Wichí, la identidad del Mocoví y la identidad Toba, reconocida por el Estado. La provincia del Chaco es multiétnica, son reconocidos otras nacionalidades, otros pueblos, los checoslovacos, los judíos, varias razas, s naciones, están en nuestra provincia. La identidad jurídica es lo que falta. Desde el momento en que nace un niño indígena que nace en un hospital, hay una hoja, una planilla donde lo inscriben, tiene el nombre del niño, fulano de tal, pero no dice su identidad, no dice de qué origen es, de que pueblo. Entonces no hay dato de cuantos niños nacen al año, de cuantos hermanos aborígenes mueren por año, no hay datos, y hay pueblos que ya han desaparecido por el tiempo como Los Vilelas y otros pueblos que no están más.
Ahora sobrevivimos, los Wichí, los Mocobí y los Tobas, nos estamos extinguiendo por que no hay estadísticas no hay nada.
Por eso lo llamo identidad jurídica, la personalidad jurídica. Por cada uno es jurídico, tienen nombre apellido y un documento, el niño Toba al nacer en el documento tiene que figurar ahí, por que esto es jurídico.
COL:- ¿Cuál es la demanda específica con respecto a la tierra y biodiversidad?
EG:- En biodiversidad, todo lo que compone tierra y territorio de los pueblos indígenas, aquí hay una cuestión, hoy un ejemplo son las 150 mil hectáreas de tierra, que es un territorio Toba pero adentro hay habitantes no indígenas, ante los ojos de la ley, uno que está en la tierra de propiedad, es ilegal, pero sin embargo hay pobladores no indígenas que están dentro del territorio y esto hay una política de estado y tiene que cambiar.
Quiero que quede la tierra para los pueblos, por que hoy por hoy hay territorios ancestrales que fueron ocupados, que sean liberadas estas tierras.
Y con ello la Biodiversidad porque en este momento los territorios indígenas están liberados, se extraen maderas, muchas cosas, están desbastando el monte. El cuidado por de ahí que se enferman las poblaciones indígenas y quieren palear con el sistema de salud pública y esto no pasa por ahí. Hacer el desmonte, se enferma la comunidad y rápidamente va salud pública, con las instalaciones los hospitales.
Desde siempre los pueblos indígenas hemos sobrevivido en el medio ambiente, a través de los territorios ancestrales, con todas las medicinas tradiciones, de todos los pueblos indígenas, que se extrae de la biodiversidad y por eso la defensa de biodiversidad en el territorio indígena.
COL:- ¿Por ser un diputado de una etnia aborigen, legisla sólo para su pueblo?
EG:- No soy un legislador indígena para un sector, sino más bien para todos los sectores, profesionales, asociaciones civiles organizada, empresarios, vengo a ser como un canal. Les digo a la sociedad civil que tengo también la posibilidad de hablar, de entablar conversaciones para cambiar esto
Lo que no quiero son pares ni un estado indigenista, queremos una provincia que la presencia jurídica este presente en todos los ámbitos, el rol a cada indígena, por que hay indígenas profesionales, hay de todos tipo de indígena trabajador en distintas áreas
Lo que queremos es que el estado nos escuche, siempre le hemos planteado.
jueves, 17 de junio de 2010
Los pueblos indígenas tendrán una comisión permanente
La Legislatura provincial aprobó una resolución que modifica el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados quedando establecida la Comisión Permanente de Asesoramiento de los “Pueblos Indígenas"
A la misma le corresponderá dictaminar sobre todo proyecto o asunto vinculado a las áreas de su competencia y en especial lo relacionado a la legislación que se dicte que esté regida por el artículo 38, 42 inciso 3, 84 inciso 3 y Cláusula Transitoria Quinta de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994.
El diputado del bloque Justicialista, Indigenista y Popular, Egidio García, expresó el beneplácito por la creación de la Comisión de Asuntos Indígenas en el ámbito legislativo, “para nosotros es una alegría ver que los legisladores han tenido el coraje suficiente más allá del deber para dar este espacio a las comunidades para marcar este espacio que distingue al Chaco por la pluralidad y la diversidad cultural que nos llena de satisfacción y nos convence aun mas de seguir nuestra lucha diaria”.
“No entendimos el racismo hasta que lo sufrimos y hoy esta Argentina que cumple 200 años, donde los hombres y mujeres indígenas y que aman al Chaco y a la Patria, en este día se marca un hito importante en la sociedad civil y organizada, donde honramos la memoria de nuestros caciques y jefes guerreros”, señaló García.
“En la búsqueda de igualdad, se ha tomado una importante decisión en la Legislatura que tomó el compromiso para los pueblos indígenas, los que queremos un Estado basado en el respeto y la igualdad con los principios de igualdad, complementariedad, solidaridad y equidad en una sociedad que vivir bien en el marco de la pluralidad”, expresó.
“Quiero expresar el respeto a mis pares y trabajaremos en el desarrollo de las comunidades indígenas que reconoce el Estado provincial y por los otros pueblos en la provincia, donde vemos este comienzo como un motivo para adelantar el amanecer y ver un nuevo y bello día en el Chaco que merecemos los ciudadanos chaqueños”, reiteró.
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