La iniciativa corresponde a los diputados Egidio García, Raúl Acosta y Carlos Martínez, quienes presentaron un proyecto de ley 4014/10, por medio del cual sugieren incorporar la figura del Intérprete o traductor indígena, desde su inicio o en cualquier instancia del proceso; a los efectos de garantizar los derechos constitucionales de defensa en juicio, incorporando el artículo 132 bis Código Procesal Penal.
Por otra parte los autores de la propuesta legislativa sostuvieron “el presente proyecto tiene por fin logar mayor respeto a las garantías constitucionales de defensa en juicio para las personas pertenecientes a los pueblos originarios, al incorporar en el Código Procesal Penal la figura específica del traductor o intérprete indígena”.
“En el mismo sentido –agregaron- El Estado Argentino tiene muchas deudas con los Pueblos Originarios desde hace siglos pero en materia de justicia una de las más graves es la falta de comprensión de su cultura y sobre todo de su idioma”.
“Desde la instauración de la república y a pesar de constituir un país multiétnico, multicultural y plurilingüe, si algo ha caracterizado a las políticas educativas de Argentina, es la homogeneización que se ha querido imponer desde el poder central. Todo ello conducirá a la implementación, por parte del gobierno central de políticas educativas, administrativas y lingüísticas orientadas a eliminar premeditadamente cualquier aspecto cultural relacionado con los Pueblos Aborígenes”.
“Finalmente –señalaron- es necesario garantizar que prevalezcan las garantías de los pueblos indígenas asegurando la vigencia plena de sus derechos e intensificando los canales de comunicación interculturales entre las autoridades y las comunidades autóctonas”.
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