CRUDO INFORME

Recorrida de voluntarios por la zona
Impenetrable: crudo informe sobre las falencias en la red sanitaria
El Centro Mandela dio a conocer detalles de las entrevistas realizadas por un grupo de voluntarios –entre ellos, estudiantes de medicina de la UBA- en El Impenetrable. Falta de movilidad, comunicaciones y malos tratos en los puestos sanitarios.

El Centro Mandela dio a conocer los pormenores del trabajo que realizaron un grupo de voluntarios en la zona de El Impenetrable. Para reflejar la visita, los mismos realizaron un informe donde marcaron las serias falencias que aún continúan en el noroeste provincial, principalmente en el área sanitaria.

El comunicado señala, textualmente, que un grupo integrado por treinta voluntarios, de los cuales veinticinco fueron estudiantes del último año de la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el apoyo de cinco profesionales en psicología, trabajo social y audiovisual, desarrollaron labores de docencia y trabajo de prevención y promoción de la salud en la región sanitaria correspondiente a la localidad de Comandancia Frías y de sus alrededores, en El Impenetrable Chaqueño.

El viaje se extendió desde el 28 de noviembre al 4 de diciembre del año pasado, y surgió en el curso de salud pública sociocultural de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El emprendimiento contó con los apoyos de Unicef, de la Fundación Valdocco y de la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud de la Nación.

El grupo de voluntarios realizó un pormenorizado y crudo informe sobre el mal funcionamiento de la red sanitaria de El Impenetrable, que fuera entregado a las autoridades sanitarias como aporte para que se encaren futuras correcciones en el sistema. Los voluntarios, a través del trabajo realizado en terreno con las comunidades indígenas y criollas, han identificado varias falencias estructurales en el funcionamiento, en la capacidad y en la articulación del sistema sanitario, en particular en Comandancia Frías y sus alrededores que fue el área específica de monitoreo.

FALLAS
Los agentes sanitarios wichí, recientemente formados por el Ministerio de Salud Pública, según los voluntarios carecen de una preparación adecuada para realizar labores de promoción y prevención de la salud, como así también para brindar primeras atenciones sanitarias, desempeñándose en un contexto en donde existen escasos medios de transportes para la derivación de los enfermos a centros de salud de mayor complejidad.

A ello se suma la inexistencia de herramientas básicas de trabajo que son necesarias para desempeñarse en el área de gestión y, en particular, en la atención primaria de la salud (APS). La baja capacitación obedece, entre otros factores, a la brevedad del proceso de formación que se brindó y en la ausencia de acompañamiento y de educación en terreno a los agentes sanitarios. Destacaron que resulta clara la brecha de conocimientos entre los estudiantes terciario de enfermería y los agentes sanitarios wichí. Los primeros cuentan con acompañamiento, capacitación idónea e infraestructura para el proceso de formación, mientras que los agentes sanitarios carecen de estos factores.

Los parajes rurales de los alrededores de Comandancia Frías no reciben visitas de los equipos de salud desde hace meses. La población no tiene acceso al puesto sanitario de dicha localidad. Tal es el caso del Paraje La Nación, distante a 35 kms. del referido puesto sanitario, que no ha recibido visita médica en un año. En dicho paraje se organizaron atenciones de salud, que fueron brindadas en la precaria infraestructura del Puesto Sanitario B, generándose una alta concurrencia a lo largo de las tres jornadas de trabajo, que incluyó visitas domiciliarias con la enfermera a cargo, así como charlas de promoción de la salud bucal en la escuela del paraje, quedando en evidencia la nula educación de los niños en salud bucal.

Los agentes sanitarios indígenas y enfermeras no cuentan con movilidad; tampoco con referencia profesional para derivar o para efectuar consultas sobre procedimientos clínicos o administrativos. El esquema resta resolutividad al sistema. La falta de radiocomunicación en los puestos sanitarios constituye un punto crítico.

La presencia de un solo médico en el Puesto Sanitario de Comandancia Frías, a cargo de la atención ambulatoria y de hospitalización para toda la población, impide que se realicen rondas sanitarias en los seis parajes que cuentan con puestos sanitarios sin médicos. Esto se corroboró que no se hicieron rondas médicas en los parajes en más de seis meses. El panorama se agrava en las oportunidades en que el único médico viaja a Resistencia por más de dos días y la localidad y parajes quedan sin atención sanitaria porque no se programa ni se dispone ningún reemplazo, aún teniéndose en cuenta que el centro de salud con médico más cercano se encuentra en Fuerte Esperanza, distante a 76 km de Comandancia Frías.

Detectaron que existen problemas de coordinación y de comunicación que afectan las acciones sanitarias en el territorio. Se mostró un alto compromiso de trabajo individual del encargado de salud indígena del Ministerio de Salud de la provincia; no obstante ello, no se correspondió con el desempeño de los equipos de salud de la zona, ni con la coordinación de la región sanitaria. Es gravitante la falta de coordinación, de referencia y de contrarreferencia entre el Puesto Sanitario A de Comandancia Frías y el Centro de Salud de la Fundación Valdocco (CIC), teniéndose en cuenta que existe un solo médico trabajando en la zona.

Llamó la atención de los voluntarios la ausencia de atención odontológica en la zona. En el puesto sanitario de Frías existe un sillón dental en desuso, mientras que el Centro de Salud de Valdocco cuenta con un médico, un odontólogo y una infraestructura subutilizada. También sorprendió la ausencia de educación y entrega de métodos anticonceptivos y preservativos a la población en el puesto sanitario y en el centro de salud, cuestión que fue ratificada por los agentes sanitarios. Respecto del transporte, se comprobó la falta de combustible para la ambulancia.

Durante la segunda visita al Paraje La Nación, la Dirección de Salud Indígena pidió que se realizara un relevamiento de desnutrición infantil, que no se pudo llevar adelante debido a la falta de herramientas necesarias, como tablas de percentilos y cintas métricas. Además de la falta de equipamiento básico para los puestos sanitarios A y B, llamó la atención de los voluntarios que faltaban medicamentos que son garantizados por el Estado mediante el Programa Remediar, como así también para cumplir con los programas de vacunación (PAI) y de control de vectores para prevención de enfermedades como el Mal de Chagas y el Dengue, programas que son ignorados por los agentes sanitarios wichí.

ENFERMEDADES
REPETIDAS
Durante la visita al Paraje La Nación, los voluntarios detectaron dos pacientes adultos con patología respiratoria, que no pudieron ser derivados al Puesto Sanitario por falta de médico. No se pudo realizar tratamiento inmediato por falta de oxígeno. Uno de los pacientes requirió urgente diagnóstico para confirmar tuberculosis. Fue derivado al puesto sanitario, para ser atendido cuando una vez que regresara el único médico de Resistencia.

Los voluntarios encontraron a Raquelina, de 23 años, embarazada, con alta probabilidad de padecer una infección urinaria, sin control alguno de su embarazo de 5 meses, a la que no pudieron diagnosticar ni medicar debido a la falta de recursos que deberían existir en el Puesto Sanitario. En el Paraje la Nación se identificaron tres casos de mujeres de 15 a 30 años con infecciones urinarias, sin tratamiento por falta de antibióticos. Los voluntarios brindaron educación en higiene personal, que al decir de las pacientes no se realiza en el sector.

En la entrevista a una familia wichí, en Comandancia Frías, el padre de familia relató a los voluntarios que no concurre al Puesto Sanitario del pueblo debido a los malos tratos que allí se producen o por la indiferencia que recibe por parte del personal, agregando que se atiende primero a los blancos, luego a los criollos y finalmente a los wichí, y que el médico regularmente no se encuentra en el Puesto. También refirieron que varias veces intentaron consultar, pero debido a que no había nadie que medie entre el personal de salud y ellos, no lograron comunicarse correctamente. Volvían con un diagnostico equivocado.

Se corroboró que era escaso el transporte para las derivaciones y que no se utiliza referencia ni contrarreferencia con transporte sanitario público. Un ejemplo de ello es el encuentro con Roger, un anciano con probable enfermedad infecto contagiosa que los voluntarios debieron derivar al Puesto Sanitario, utilizando la camioneta en la que el viajaba el equipo.

En visita domiciliaria al barrio wichí Media Luna, de Comandancia Frías, los voluntarios entrevistaron a Noelia, de 16 años, quién fue internada en el Hospital de Castelli, con diagnóstico de tuberculosis. Recibió 18 días de tratamiento, para luego ser dada de alta, sin seguimiento alguno por parte de equipo de salud, del agente sanitario o derivación para consulta de seguimiento en el Puesto Sanitario. Los voluntarios recordaron que el tratamiento ambulatorio de tuberculosis es de al menos seis meses, de lo que debe entenderse que la paciente continuaría con tuberculosis abierta por tratamiento incompleto.

Visitando las viviendas de los habitantes de Comandancia Frías y hablando con ellos, los voluntarios notaron la altísima prevalencia de patologías crónicas como la hipertensión arterial y de problemas biliares, como también la ausencia de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los mismos. Se detectaron, además, mucha incidencia de diarreas infantiles relacionada al agua que consumen (agua de charco) y el entorno desfavorable.

Al visitar casas de Comandancia Frías, y charlar con sus habitantes, los voluntarios pudieron observar que la información sobre la transmisión y el contagio de la enfermedad de Chagas es insuficiente. También escucharon relatos de que el control de infestación domiciliaria de las vinchucas no existe. A esto se sumaron los testimonios de agentes sanitarios de Sauzalito y Fortín Belgrano, quiénes señalaron que se les había enseñado que “el Chagas no tiene cura”.

Mas muertes de niños indigenas por desnutricion

Una nena de 2 años, murió hoy por un cuadro de desnutrición grave en el paraje Los Baldes de la localidad salteña de Morillo. Y otro menor edad falleció por la misma causa en Orán. Ayer, otro niño de un año y medio murió debido a cuadro de deshidratación. Otros seis habían perdido la vida por las mismas razones la semana pasada. Tras las muertes, el gobierno provincial, a cargo de Juan Manuel Urtubey, prometió revertir la crisis sanitaria.

En Orán otros niños fueron internados en el hospital San Vicente de Paul de esa ciudad, con síntomas similares derivados de carencias nutricionales. En todos los casos los niños provienen de familias aborígenes residentes en esta zona, afectada por la pobreza y el desempleo.

En los casos de los siete niños y niñas de la zona de Tartagal si bien no se consignó la desnutrición como causa de muerte, los decesos fueron asociados con el bajo peso o riesgo nutricional. Las misiones en las que vivían los chicos, que bordean la periferia de Tartagal, el agua potable y hay falencias de saneamiento ambiental. En la mayoría de los casos contrajeron enfermedades gastrointestinales que les produjeron diarrea y vómitos, cuadros que derivaron en las muertes.

Enrique Heredia, director de Medicina Social de la provincia, encabezó el grupo de especialistas que ayer se reunió con autoridades de Tartagal y recorrerá la zona "casa por casa" para conocer la problemática.

Los especialistas comenzaron a recabar información en visitas a las comunidades aborígenes afectadas, donde constataron las condiciones de pobreza extrema en las que viven varias familias, que no tienen agua potable.

Ayer, el gobierno instaló un centro de operaciones en el norte provincial para tratar de paliar la crisis alimentaria de la zona. Equipos de los ministerios de Salud y Desarrollo Humano, permanecerán en la zona, según se informó, para implementar un plan de emergencia que reduzca los índices de desnutrición y al mismo tiempo prevenir las causas que llevaron a que se produzcan muertes evitables.-

Hallan en una comunidad aborigen 26 chicos en riesgos de desnutricion

Unos 3.500 habitantes de las misiones Sachapera I y II y Lapacho II, en Tartagal, comenzaron desde ayer a ser asistidos casa por casa. Desde muy temprano, los primeros 26 agentes sanitarios de los cien que prometió el gobernador Juan Manuel Urtubey iniciaron una recorrida en busca de chicos que tengan diarrea, vómitos o cualquier otro síntoma de posible desnutrición. El lunes se va a completar la cantidad de agentes sanitarios y se van a incorporar diez médicos.

El Ministerio de Salud Pública de Salta montó el Plan de Inclusión para intentar contrarrestar el avance de la pobreza y la falta de atención médica en el norte de la provincia. Una situación que ya llevó a la muerte en los últimos quince días a siete nenes aborígenes menores de cinco años que presentaron signos de desnutrición aguda.

El patio de tierra y una galería con paredes de tablas y techo de chapa de la casa del cacique Antelmo, en Sachapera I, sirvió de base para dar inicio al operativo. Será así hasta tanto el lunes lleguen las diez carpas sanitarias, que serán distribuidas en varias misiones. Tartagal, 365 kilómetros al noreste de Salta capital, es una ciudad con 70 mil habitantes, de los cuales 20 mil son aborígenes de distintas etnias, donde predomina sobre todo la wichí.

“Queremos que vengan médicos de todo el país a Tartagal. Aquí hay cargos vacantes. Nos hace falta médicos que quieran venir a esta zona”, pidió Enrique Heredia, director de Medicina Social de la provincia. Los agentes sanitarios no tardaron en encontrar chicos en riesgo nutricional , que comenzaron a llegar a la casa del cacique Antelmo. Las madres, con su pobreza a cuestas y cargando a sus hijos –que el ministro de Salud, Gabriel Chagra Dib, mira por sobre los micrófonos de los periodistas–, comienzan a desvestirlos para que las enfermeras los pesen y los midan .

La agente sanitaria Alejandra Aranda completa en una libreta los datos del control del bebé wichi Jesús Rodríguez, de siete meses de vida.

“¿Su hijo tiene diarrea?” , le pregunta Alejandra a Rosa Rodríguez. “Sí. Ayer (por el miércoles) me he quedado hasta las doce de la noche en el hospital, desde la siete de la tarde que lo llevé por la diarrea.

Me le dieron suero todo el tiempo.

No me lo internaron y me despacharon a la casa”.

Sobre el mediodía ya se llevaban controlados a 130 nenes de los 156 menores de cinco años que la agente sanitaria Elizabeth Gallardo, responsable del operativo en Sachapera I, tiene registrados en su planilla. “Menos mal que ahora tengo la ayuda de mis compañeros (mira a su alrededor, las chaquetas celeste que la rodean). Para hacer este control, casa por casa, demoro tres meses”.

De los chicos controlados, 26 (el 20%) están con riesgo nutricional por diarrea y vómitos. “Con las manos sucias no se tiene que tocar el pecho y darle de mamar al bebé”, es la recomendación que se escucha a cada rato cuando una sanitarista habla con una madre wichí. Y advierten que “las manos de los chicos tienen que estar limpitas. Si se la meten sucias en la boca le van a entrar infecciones”.

Protegido del Sol por un frondoso árbol, Heredia ausculta con el estetoscopio los pulmones de Sofía Arias, una nena wichí de 2 años que sufre de parálisis cerebral. Luego, le pellizca la pancita y le explica a Eva Deolinda: “Tu hija está bien. Pero tenés que pellizcarle despacito. Mirá: juntá así la piel y si se queda casi dura inmediatamente la llevás al hospital , porque está deshidratada”.

Anoche, al cierre de esta edición, el primer parte oficial con los datos del primer día de trabajo de los agentes sanitarios aún no se había difundido. En el Hospital Juan Domingo Perón permanecían siete chicos internados (uno más que el miércoles) y tres en observación, que esperan en un pasillo junto con sus padres. “Quedan suspendidas todas las licencias”, se advierte al personal en la pizarra de novedades. Un indicador claro del difícil momento.

Inexplicable demora de la Justicia Federal

El juez Valiente tiene a disposición la posibilidad de pedir quiénes son los titulares de las líneas con las que se contactaba el principal sospechoso detenido. Sin embargo, esto todavía no se produjo. Ni siquiera se pidió informes para conocer con quién intercambiaba mensajes de texto, ni el contenido de los mismos, a pesar de que las líneas estuvieron intervenidas y ese elemento fue clave para el secuestro de la droga.

A más de un mes de haberse producido el secuestro de droga en la camioneta oficial, la Justicia no ha determinado aún con quien intercambiaba mensajes de texto y las comunicaciones el principal sospechoso detenido. Sin embargo, se pudo saber que no se trataría de una demora, sino directamente de una omisión.

El juez Federal Eduardo Valiente directamente no habría pedido información para conocer el dato clave que podría terminar revelando las vinculaciones que tiene el principal sospechoso y en principio quién era el responsable final del contrabando de drogas.

Un principio elemental, que parece haberse desestimado –hasta ahora- por la instrucción que lleva adelante el magistrado formoseño, señala que los responsables del hecho no se agotan entre los pasajeros de la camioneta. Algunos, porque no tienen relación con el hecho, y otro, porque evidentemente respondía a alguien y no estaba actuando por su cuenta.

La investigación a cargo del juez federal subrogante del caso del transporte de droga en el que se utilizaba una camioneta de la Provincia del Chaco y cuyo tránsito fue interrumpido por la Dirección de Tránsito, ajena a la investigación de Drogas Peligrosas, cuando se disponía a ser entregada y determinar el destinatario, a disposición de funcionarios claramente definidos, ha mostrado graves deficiencias y una clara omisión investigativa.

Conforme las actuaciones que sirvieron de base al procedimiento realizado, las escuchas telefónicas, iniciadas desde mediados del mes de noviembre del 2010 hasta fines de diciembre, no se explica que a más de un mes del 28 de diciembre aún no se sepa quiénes son los titulares de las llamadas entrantes y los titulares de las llamadas realizadas a otras líneas por los teléfonos intervenidos, como así el contenido de los mensajes de texto.
Según pudo saber el diario Primera Línea, no se sabe no por el hermetismo judicial, sino porque jamás se pidieron.

Aparece como altamente sugestivo que un hecho que toca a funcionarios que declaman no estar vinculados, éstos no estén interesados en que se investigue con medidas concretas que están al alcance de la mano, de fácil producción, que con sólo leer quiénes son los titulares de las líneas telefónicas, para adjudicarles los diálogos y los mensajes de texto, se podría saber quiénes son los responsables del transporte y comercio de la droga secuestrada.

Lo que sí se sabe, por las escuchas realizadas, es que el diputado Egidio García, su hijo y el chofer no tienen relación con el único detenido, lo que genera el interrogante respecto de ¿por qué estuvieron detenidos tantos días si de antemano se sabía que no eran responsables? También se conoció que el único testimonio producido en el expediente por el Juzgado, el de Arturo Blanco, asesor de Mongeló, -que disponía de la camioneta- fue tendiente a probar que éstas personas no tienen responsabilidad, aunque eso para nada deja en claro quiénes son los que tienen responsabilidades.

Pero si la diligencia obvia que es pedir el informe de quiénes son los titulares de las líneas que se comunicaban con el principal sospechoso detenido se omite, alumbra con meridiana claridad cuál es el fin de la inactividad.

Droga en camioneta oficial

El único detenido quedó procesado en la causa
Así lo confirmó el defensor oficial de Jorge Fernández, Gonzalo Molina. El abogado recurrió dicha medida ante la Cámara Federal de Apelaciones que se expediría recién en marzo. “Habrá que ir pensando en el juicio”, sostuvo Molina.


A 20 días de que la policía provincial detuviera una camioneta gubernamental con 12 kilos de marihuana, hay sólo un detenido por el hecho. Se trata de Jorge Miles Fernández cuya prisión preventiva fue confirmada por el Juez Federal subrogante de Resistencia, Eduardo Valiente, quien además lo procesó por el delito de tráfico de estupefacientes. Por falta de mérito, el chofer y el hijo del diputado indígena, Egidio García, recuperaron su libertad la semana pasada.

En diálogo con CHACO DIA POR DIA, el defensor oficial que patrocina a Fernández, Gonzalo Molina, comentó que fue hace siete días cuando se le dictó a su defendido el auto de procesamiento con prisión preventiva. “Apelamos esa medida ante la Cámara que seguramente va a demorar unos dos meses en expedirse”, indicó el letrado.

El abogado indicó que de rechazarse la solicitud es más que inminente que la causa sea elevada a juicio oral con un único acusado: Jorge Fernández. “Con prisión preventiva, si no hay otra alternativa, hay que ir pensando en el juicio”, comentó Molina.

Según pudo confirmar este portal, al mediodía de este lunes, Fernández aún se encuentra alojado en el Departamento de Drogas Peligrosas de la Policía chaqueña, aunque su estadía en esa dependencia policial tiene las horas contadas: el procesamiento lo habilita para que sea trasladado a la Unidad Penitenciaria 7, dependiente del Sistema Penitenciario Federal.

Cabe recordar que la semana pasada los otros dos ocupantes de la camioneta oficial recuperaron su libertad al dictársele falta de mérito. La declaración testimonial de Arturo Blanco - asesor del subsecretario de Gobierno del Chaco, José Mongeló- ante la justicia federal fue determinante para que el juez Valiente resuelva el dictado de la falta de mérito para el chofer y el hijo del diputado indígena, Abel Castillo y Eleazar García.

El testimonio de Blanco se convirtió en un elemento clave a la hora de desvincular a los allegados del legislador de la causa en la que ahora sólo queda procesado, con prisión preventiva Jorge Fernández, quién era investigado desde hacía cuatro meses por la división Drogas Peligrosas por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. La declaración del colaborador del funcionario provincial reforzó la versión de los dos detenidos aunque tampoco existían otros elementos en la causa que los vinculara con el narcotráfico.

Los abogados Mario Bosch y Jose Maria Duet, defensores de Castillo y García, confirmaron el dictado de la falta de mérito y comentaron que “la declaración de Arturo Blanco coincidió con las versiones de Castillo y García de que ellos fueron estafados en su buena fe y desconocían al otro detenido y el contenido de los paquetes que transportaba”.

Egidio García impulsa ley de obligatoriedad de rinoscopía a funcionarios de los tres poderes

El diputado provincial indígena Egidio García presentó un proyecto de ley para que todo aquel que ocupe un cargo político o jerárquico de la administración pública se someta semestralmente a exámenes toxicológicos, en especial control de alcoholemia y rinoscopia para descartar adicciones a drogas.

En los fundamentos, el legislador sostiene que “quienes pasamos a ser custodios del bienestar de nuestra provincia, no podemos, ni debemos estar atados y condicionados por el consumo de sustancias que constituyan un delito, ya que precisamente nosotros, junto a los otros Poderes del Estado debemos velar por el bienestar de nuestro ciudadanos y el cumplimiento de las leyes”.
Entiende que “un funcionario adicto no resulta confiable a la hora de denunciar o detener a un traficante, con lo cual el fin perseguido por la ley nacional (23.737) es de cumplimiento imposible”.
Asimismo expresó que es necesario preservar la salud de los empleados y funcionarios, como así también disminuir el tráfico de drogas nocivas en el territorio de la provincia. “La administración pública debería ser un modelo a seguir en el campo del control de la consecuencia del uso de estupefacientes, que constituye una enfermedad que habría que erradicar”.
Por otra parte reconoce que en el supuesto caso que de los estudios surja una adicción al consumo de drogas, la persona deberá someterse a un tratamiento de rehabilitación, ya que “el proyecto no apunta a que la persona se quede sin trabajo, sino mejorar las condiciones de vida del adicto, del núcleo familiar y de la sociedad en su conjunto”.

La iniciativa
La propuesta de García que seguramente levantará polémica deja claro en su primer artículo que se establezca como requisito de admisión, promoción y permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la función pública el “carecer de adicción a las drogas ilegales”.
Para ello dispone que los funcionarios a los que alcanzará esta normativa, deban realizarse cada seis meses -con carácter obligatorio- los exámenes médicos o bioquímicos pertinentes para determinar la presencia de drogas ilegales, en el plazo y con la periodicidad que determine la autoridad de aplicación.
Cabe destacar que el proyecto dispone que estos estudios alcance a las principales autoridades y hasta un determinado rango. Es decir que en el Ejecutivo desde el gobernador hasta el rango de subsecretario, en el Poder Legislativo los 32 diputados y hasta el rango de prosecretario; en el Poder Judicial a los cinco miembros del Superior Tribunal, todos los magistrados, funcionarios constitucionales, de ley y jueces de paz. En el caso del municipio a los jefes comunales, los concejales. También la normativa alcanza a los responsables de organismos autárquicos, descentralizados, personal policial en todas sus jerarquías y personal penitenciario.

Serán suspendidos
Expone que los controles sanitarios deben contar con la supervisión directa del Sistema de Medicina Legal Forense dependiente del Poder Judicial y que en caso de que se detectare a un funcionario en violación del requisito establecido en el artículo 1, el mismo “será suspendido en sus funciones mediante sumario médico previo, respetándose todas las garantías constitucionales hasta su recuperación y considerándose dentro del régimen de licencias vigente”.

Apunten contra Egidio

Editamos de manera textual el documento de Proyecto Sur Chaco
El principal imputado de la causa narco-política Jorge Miles Fernandez, fue filmado meses atrás al lado del Intendente de La Leonesa, como parte de su grupo de choque en el sonado caso de privación de la libertad, lesiones en banda en aquel sonado caso por el cual se impidió que el científico del Conicet Andres Carrasco diera una conferencia respecto a las consecuencias del veneno glifosato en los seres vivos.

Y el intendente Carbajal “se defiende” diciendo que Jorge Miles Fernández es un activo militante de la Unión Civica Radical. Branco Capitanich afirma de que Jorge Miles es también personal de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que tenía contactos para poder trasladarse en vehículos oficiales, donde precisamente se encontraron los 12 kilos de droga.

Podemos entonces concluir sin lugar a equivocarnos que el principal imputado de tráfico de drogas es de algunos de los dos bandos o de las dos partes del mismo bi-partido chaqueño.

El diputado Egidio García cometió el pecado de alejarse del bloque Chaco Merece Más y generar un bloque personal dejando de ser un legislador levanta-manos y pasando a tener una postura crítica con respecto a los proyectos oficialistas, por ejemplo se opuso casualmente a la aprobación de la Ley por la cual se aprobaba la Entrega del Petroleo Chaqueño a las Multinacionales en un contrato por el cual el 95 % de las ganancias son para ellas y el 5 % para Secheep, y también es crítico respecto al manejo de tierras por parte del Gobierno. Por ello es el mejor chivo expiatorio para dirigir responsabilidades sobre este reciente hecho de narco-política, o para de cualquier forma exculpar al bi-partidismo de la responsabilidad política y judicial en el tráfico de drogas.

El pacto bipartidista ya funcionó cuando protegieron al intendente peronista de La Leonesa y a su esposa, impidiendo el juicio político a Carbajal. Recuérdese al respecto el Bloque del PJ dijo que la declaración del Intendente había sido “muy buena y esclarecedora” cuando todos vimos en los videos lo que ocurrió en esa oportunidad y junto a la Alianza congelaron la investigación de los institucionalmente graves hechos de La Leonesa.

La foto en la que aparecen Carbajal y Fernández intimidando al Dr. Carrasco y sus acompañantes, en las momentos previos a la frustrada exposición por los agro tóxicos, es más que elocuente (una imagen vale más que mil palabras).

La Justicia, lenta y que no avanza sobre los principales responsables del narcotráfico no ayuda para que no se esclarezca la relación de la política con el narcotráfico en la provincia.

Proyecto Sur Chaco reclama el rápido esclarecimiento del caso de las drogas, la investigación no solo del transporte sino también de toda las partes de la red del narcotráfico y las posibles vinculaciones con el poder político y reafirma su compromiso de construir una alternativa independiente del bipartidismo, como herramienta política para lograr que el Chaco tenga un futuro de grandeza y transparencia.

Rubén Rosso
Polo Legal
Susana Diez de Los Ríos
Roberto Meyer
Celestina Maciel