El diputado provincial indígena Egidio García presentó un proyecto de ley para que todo aquel que ocupe un cargo político o jerárquico de la administración pública se someta semestralmente a exámenes toxicológicos, en especial control de alcoholemia y rinoscopia para descartar adicciones a drogas.
En los fundamentos, el legislador sostiene que “quienes pasamos a ser custodios del bienestar de nuestra provincia, no podemos, ni debemos estar atados y condicionados por el consumo de sustancias que constituyan un delito, ya que precisamente nosotros, junto a los otros Poderes del Estado debemos velar por el bienestar de nuestro ciudadanos y el cumplimiento de las leyes”.
Entiende que “un funcionario adicto no resulta confiable a la hora de denunciar o detener a un traficante, con lo cual el fin perseguido por la ley nacional (23.737) es de cumplimiento imposible”.
Asimismo expresó que es necesario preservar la salud de los empleados y funcionarios, como así también disminuir el tráfico de drogas nocivas en el territorio de la provincia. “La administración pública debería ser un modelo a seguir en el campo del control de la consecuencia del uso de estupefacientes, que constituye una enfermedad que habría que erradicar”.
Por otra parte reconoce que en el supuesto caso que de los estudios surja una adicción al consumo de drogas, la persona deberá someterse a un tratamiento de rehabilitación, ya que “el proyecto no apunta a que la persona se quede sin trabajo, sino mejorar las condiciones de vida del adicto, del núcleo familiar y de la sociedad en su conjunto”.
La iniciativa
La propuesta de García que seguramente levantará polémica deja claro en su primer artículo que se establezca como requisito de admisión, promoción y permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la función pública el “carecer de adicción a las drogas ilegales”.
Para ello dispone que los funcionarios a los que alcanzará esta normativa, deban realizarse cada seis meses -con carácter obligatorio- los exámenes médicos o bioquímicos pertinentes para determinar la presencia de drogas ilegales, en el plazo y con la periodicidad que determine la autoridad de aplicación.
Cabe destacar que el proyecto dispone que estos estudios alcance a las principales autoridades y hasta un determinado rango. Es decir que en el Ejecutivo desde el gobernador hasta el rango de subsecretario, en el Poder Legislativo los 32 diputados y hasta el rango de prosecretario; en el Poder Judicial a los cinco miembros del Superior Tribunal, todos los magistrados, funcionarios constitucionales, de ley y jueces de paz. En el caso del municipio a los jefes comunales, los concejales. También la normativa alcanza a los responsables de organismos autárquicos, descentralizados, personal policial en todas sus jerarquías y personal penitenciario.
Serán suspendidos
Expone que los controles sanitarios deben contar con la supervisión directa del Sistema de Medicina Legal Forense dependiente del Poder Judicial y que en caso de que se detectare a un funcionario en violación del requisito establecido en el artículo 1, el mismo “será suspendido en sus funciones mediante sumario médico previo, respetándose todas las garantías constitucionales hasta su recuperación y considerándose dentro del régimen de licencias vigente”.
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