Droga en camioneta oficial

El único detenido quedó procesado en la causa
Así lo confirmó el defensor oficial de Jorge Fernández, Gonzalo Molina. El abogado recurrió dicha medida ante la Cámara Federal de Apelaciones que se expediría recién en marzo. “Habrá que ir pensando en el juicio”, sostuvo Molina.


A 20 días de que la policía provincial detuviera una camioneta gubernamental con 12 kilos de marihuana, hay sólo un detenido por el hecho. Se trata de Jorge Miles Fernández cuya prisión preventiva fue confirmada por el Juez Federal subrogante de Resistencia, Eduardo Valiente, quien además lo procesó por el delito de tráfico de estupefacientes. Por falta de mérito, el chofer y el hijo del diputado indígena, Egidio García, recuperaron su libertad la semana pasada.

En diálogo con CHACO DIA POR DIA, el defensor oficial que patrocina a Fernández, Gonzalo Molina, comentó que fue hace siete días cuando se le dictó a su defendido el auto de procesamiento con prisión preventiva. “Apelamos esa medida ante la Cámara que seguramente va a demorar unos dos meses en expedirse”, indicó el letrado.

El abogado indicó que de rechazarse la solicitud es más que inminente que la causa sea elevada a juicio oral con un único acusado: Jorge Fernández. “Con prisión preventiva, si no hay otra alternativa, hay que ir pensando en el juicio”, comentó Molina.

Según pudo confirmar este portal, al mediodía de este lunes, Fernández aún se encuentra alojado en el Departamento de Drogas Peligrosas de la Policía chaqueña, aunque su estadía en esa dependencia policial tiene las horas contadas: el procesamiento lo habilita para que sea trasladado a la Unidad Penitenciaria 7, dependiente del Sistema Penitenciario Federal.

Cabe recordar que la semana pasada los otros dos ocupantes de la camioneta oficial recuperaron su libertad al dictársele falta de mérito. La declaración testimonial de Arturo Blanco - asesor del subsecretario de Gobierno del Chaco, José Mongeló- ante la justicia federal fue determinante para que el juez Valiente resuelva el dictado de la falta de mérito para el chofer y el hijo del diputado indígena, Abel Castillo y Eleazar García.

El testimonio de Blanco se convirtió en un elemento clave a la hora de desvincular a los allegados del legislador de la causa en la que ahora sólo queda procesado, con prisión preventiva Jorge Fernández, quién era investigado desde hacía cuatro meses por la división Drogas Peligrosas por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. La declaración del colaborador del funcionario provincial reforzó la versión de los dos detenidos aunque tampoco existían otros elementos en la causa que los vinculara con el narcotráfico.

Los abogados Mario Bosch y Jose Maria Duet, defensores de Castillo y García, confirmaron el dictado de la falta de mérito y comentaron que “la declaración de Arturo Blanco coincidió con las versiones de Castillo y García de que ellos fueron estafados en su buena fe y desconocían al otro detenido y el contenido de los paquetes que transportaba”.

Egidio García impulsa ley de obligatoriedad de rinoscopía a funcionarios de los tres poderes

El diputado provincial indígena Egidio García presentó un proyecto de ley para que todo aquel que ocupe un cargo político o jerárquico de la administración pública se someta semestralmente a exámenes toxicológicos, en especial control de alcoholemia y rinoscopia para descartar adicciones a drogas.

En los fundamentos, el legislador sostiene que “quienes pasamos a ser custodios del bienestar de nuestra provincia, no podemos, ni debemos estar atados y condicionados por el consumo de sustancias que constituyan un delito, ya que precisamente nosotros, junto a los otros Poderes del Estado debemos velar por el bienestar de nuestro ciudadanos y el cumplimiento de las leyes”.
Entiende que “un funcionario adicto no resulta confiable a la hora de denunciar o detener a un traficante, con lo cual el fin perseguido por la ley nacional (23.737) es de cumplimiento imposible”.
Asimismo expresó que es necesario preservar la salud de los empleados y funcionarios, como así también disminuir el tráfico de drogas nocivas en el territorio de la provincia. “La administración pública debería ser un modelo a seguir en el campo del control de la consecuencia del uso de estupefacientes, que constituye una enfermedad que habría que erradicar”.
Por otra parte reconoce que en el supuesto caso que de los estudios surja una adicción al consumo de drogas, la persona deberá someterse a un tratamiento de rehabilitación, ya que “el proyecto no apunta a que la persona se quede sin trabajo, sino mejorar las condiciones de vida del adicto, del núcleo familiar y de la sociedad en su conjunto”.

La iniciativa
La propuesta de García que seguramente levantará polémica deja claro en su primer artículo que se establezca como requisito de admisión, promoción y permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la función pública el “carecer de adicción a las drogas ilegales”.
Para ello dispone que los funcionarios a los que alcanzará esta normativa, deban realizarse cada seis meses -con carácter obligatorio- los exámenes médicos o bioquímicos pertinentes para determinar la presencia de drogas ilegales, en el plazo y con la periodicidad que determine la autoridad de aplicación.
Cabe destacar que el proyecto dispone que estos estudios alcance a las principales autoridades y hasta un determinado rango. Es decir que en el Ejecutivo desde el gobernador hasta el rango de subsecretario, en el Poder Legislativo los 32 diputados y hasta el rango de prosecretario; en el Poder Judicial a los cinco miembros del Superior Tribunal, todos los magistrados, funcionarios constitucionales, de ley y jueces de paz. En el caso del municipio a los jefes comunales, los concejales. También la normativa alcanza a los responsables de organismos autárquicos, descentralizados, personal policial en todas sus jerarquías y personal penitenciario.

Serán suspendidos
Expone que los controles sanitarios deben contar con la supervisión directa del Sistema de Medicina Legal Forense dependiente del Poder Judicial y que en caso de que se detectare a un funcionario en violación del requisito establecido en el artículo 1, el mismo “será suspendido en sus funciones mediante sumario médico previo, respetándose todas las garantías constitucionales hasta su recuperación y considerándose dentro del régimen de licencias vigente”.

Apunten contra Egidio

Editamos de manera textual el documento de Proyecto Sur Chaco
El principal imputado de la causa narco-política Jorge Miles Fernandez, fue filmado meses atrás al lado del Intendente de La Leonesa, como parte de su grupo de choque en el sonado caso de privación de la libertad, lesiones en banda en aquel sonado caso por el cual se impidió que el científico del Conicet Andres Carrasco diera una conferencia respecto a las consecuencias del veneno glifosato en los seres vivos.

Y el intendente Carbajal “se defiende” diciendo que Jorge Miles Fernández es un activo militante de la Unión Civica Radical. Branco Capitanich afirma de que Jorge Miles es también personal de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que tenía contactos para poder trasladarse en vehículos oficiales, donde precisamente se encontraron los 12 kilos de droga.

Podemos entonces concluir sin lugar a equivocarnos que el principal imputado de tráfico de drogas es de algunos de los dos bandos o de las dos partes del mismo bi-partido chaqueño.

El diputado Egidio García cometió el pecado de alejarse del bloque Chaco Merece Más y generar un bloque personal dejando de ser un legislador levanta-manos y pasando a tener una postura crítica con respecto a los proyectos oficialistas, por ejemplo se opuso casualmente a la aprobación de la Ley por la cual se aprobaba la Entrega del Petroleo Chaqueño a las Multinacionales en un contrato por el cual el 95 % de las ganancias son para ellas y el 5 % para Secheep, y también es crítico respecto al manejo de tierras por parte del Gobierno. Por ello es el mejor chivo expiatorio para dirigir responsabilidades sobre este reciente hecho de narco-política, o para de cualquier forma exculpar al bi-partidismo de la responsabilidad política y judicial en el tráfico de drogas.

El pacto bipartidista ya funcionó cuando protegieron al intendente peronista de La Leonesa y a su esposa, impidiendo el juicio político a Carbajal. Recuérdese al respecto el Bloque del PJ dijo que la declaración del Intendente había sido “muy buena y esclarecedora” cuando todos vimos en los videos lo que ocurrió en esa oportunidad y junto a la Alianza congelaron la investigación de los institucionalmente graves hechos de La Leonesa.

La foto en la que aparecen Carbajal y Fernández intimidando al Dr. Carrasco y sus acompañantes, en las momentos previos a la frustrada exposición por los agro tóxicos, es más que elocuente (una imagen vale más que mil palabras).

La Justicia, lenta y que no avanza sobre los principales responsables del narcotráfico no ayuda para que no se esclarezca la relación de la política con el narcotráfico en la provincia.

Proyecto Sur Chaco reclama el rápido esclarecimiento del caso de las drogas, la investigación no solo del transporte sino también de toda las partes de la red del narcotráfico y las posibles vinculaciones con el poder político y reafirma su compromiso de construir una alternativa independiente del bipartidismo, como herramienta política para lograr que el Chaco tenga un futuro de grandeza y transparencia.

Rubén Rosso
Polo Legal
Susana Diez de Los Ríos
Roberto Meyer
Celestina Maciel

El IDACh ratificó su respaldo al diputado García

Comunidades indígenas amenazan con movilizarse
El presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, Orlando Charole, reiteró su apoyo al diputado Egidio García y aseguró que el chofer y el hijo del legislador indígena no tienen ninguna vinculación con el narcotráfico.


El presidente del IDACh, Orlando Charole, volvió a manifestar su respaldo incondicional al diputado Egidio García y aseguró que ni el chofer ni el hijo del legislador se encuentran vinculados con el tráfico de estupefacientes. Además, pidió que “el poder político” no se inmiscuya en la causa judicial.

Charole manifestó respeto por la investigación judicial que se lleva adelante en el fuero federal aunque consideró que teniendo en cuenta los antecedentes del hijo y del chofer del diputado las detenciones “no tienen razón de ser”. Así se expresó el dirigente indígena con respecto a la decisión del juez federal subrogante, Eduardo Valiente, de ratificar la prisión preventiva de los allegados a García que fueron detenidos junto a Jorge Miles Fernández -el principal implicado- cuando trasportaban casi 12 kilos de marihuana en la camioneta oficial asignada al diputado Egidio García.

“Hay que hacer un esfuerzo para combatir el narcotráfico pero no es detener a dos indígenas y convertirlos en chivos expiatorios de una situación que sabemos tiene una magnitud de carácter internacional”, advirtió el titular del IDACh, en declaraciones a RADIO CIUDAD.

“Respetamos al juez pero no coincidimos en que se encarcele a alguien que no tiene nada que ver”, señaló Charole, y puntualizó que “los traficantes no están presos y resulta que hay dos hermanos indígenas presos. ¿Cómo se explica la lógica ahí?”. “El peso de la ley está para el pobre, para el pobrecito, y los verdaderos responsables adónde están”, exhortó.

“Creemos que la inocencia de los imputados está demostrada, ellos no son traficantes. Un traficante es una persona que se dedica exclusivamente a esto y es un delito que está penalizado por la ley de Estupefacientes”, advirtió el titular del IDACh, y reflexionó que “si el hijo de Egidio García fuese traficante va preso por cinco o seis años por un delito que no hizo”.

“Vamos a actuar en consecuencia con toda nuestra fuerza movilizadora, pacífica, para exigir algo que creemos que es justo”, concluyó Charole.

CONTRA LA VERDAD NO SE PUEDE

El diputado provincial ratificó las graves denuncias contra el Gobierno provincial y defendió la inocencia de su hijo y chofer. Aseguró que Capitanich perdió un aliado.
Advirtió que se despertó la revolución indígena en paz.

Tras la liberación de Eleazar García y Abel Castillo, dos de los imputados por la causa de la camioneta incautada con 12 kilos de marihuana el pasado 28 de diciembre, el legislador provincial por el bloque Justicialista, Indígena y Popular, Egidio García, consideró que la Justicia hizo lugar a una decisión que se ajustó a la inocencia de los detenidos.

“Contra la verdad no se puede”, señaló el diputado indígena. En este sentido, ratificó la inocencia de su hijo y chofer, y las denuncias contra el Gobierno provincial, ligadas al narcotráfico y a que la causa respondió a un pase de facturas por parte del Frente Chaco Merece Más. En este punto, adelantó que piensa alejarse del Frente Chaco Merece Más. “Capitanich perdió un aliado, un amigo”, afirmó.
Cabe recordar, que García y Castillo estuvieron detenidos por 15 días, bajo la jurisdicción de la Justicia Federal, cuyo juez federal subrogante, Eduardo Valiente, definió este miércoles la inmediata libertad de los imputados. No obstante, determinó que no podrán abandonar la jurisdicción, sin conocimiento ni consentimiento del magistrado.

Revolución indígena
García advirtió que debido a la causa y a la detención de su hijo y chofer, se ha despertado la revolución indígena en paz, que consistirá en la búsqueda de igualdad de oportunidades y sacar a la luz el hambre y las necesidades de los pueblos originarios que existe en toda la Provincia.

La defensa adelantó una posible demanda

Los abogados defensores de García y Castillo, doctores Mario Bosch y Jose Maria Duet, adelantaron que ante los perjuicios ocasionados a los imputados, no se descarta la presentación de una demanda judicial. No obstante, aclararon que esto dependerá de una decisión exclusivamente personal de sus defendidos, principalmente atendiendo que si bien se dio lugar a la excarcelación, lo que aun resta es el sobreseimiento. “Es muy difícil imaginar el sobreseimiento, hay tiempos que deben respetarse”, advirtieron.-